Hay que matar a B

Produce arcadas enfrentarse hoy a aquel orgulloso comunicado oficial, fechado el 28 de julio de 2009, en el que los peperos babeaban de admiración ante quien fue su tesorero durante casi dos décadas: "El Partido Popular quiere manifestar su reconocimiento a los más de 28 años de servicios de Luis Bárcenas a nuestro partido que han sido ejemplo de profesionalidad y buen hacer". Cuando las inspecciones gürtelianas amenazaban con dejar al aire sus vergüenzas contables, el prestidigitador de los dineros genoveses renunció al tejemaneje pero no a sus réditos: para entonces ya tenía agenciados 22 millones en Suiza —solo la punta de su iceberg patrimonial, según confesión propia— y se había desposado con su secretaria particular. En sus diecinueve años como manirroto administrador hizo gala de una ilimitada generosidad, repartiendo mensualmente sobres a diestro, y solo a diestro, entre los gerifaltes de la cúpula popular: sobresueldos que oscilaban entre los cinco y los quince mil euros, según fuera el grado corruptivo del "sobrecogedor" (Nacho Escolar). Hasta ayer sospechábamos —es un decir— que la financiación de los partidos era (algo más que) irregular; hoy, tras el mayor fraude conocido en democracia, sabemos que es directamente ilegal. Por eso, la ciudadanía se ha plantado en la puerta de la rebautizada CorruPPlandia para decir basta, enarbolando pancartas que corrigen los desesperanzados gritos cotidianos por otro cargado de amarga resignación: "Sí había pan para tanto chorizo" —adoptando la leyenda de una histórica viñeta de Manel Fontdevila—. Desvelado el robo del siglo, ahora sabemos que Hay que matar a B, como en la pelí de Borau; pero no la 'B' de Bárcenas, un simple repartidor de infectos dividendos; la 'B' a extinguir es la contabilidad paralela generalizada a la que van a parar nuestros dineros, la que permite que los estafadores públicos de turno, (mal)llamados políticos, nos sigan robando por encima de nuestras posibilidades.