Mayoría absoluta

Si los actuales gerifaltes de la patria se agenciaran como asesores a individuos leídos y capaces, y no a ese indocumentado rebaño que carece de graduado escolar, sabrían que hace ya casi tres siglos que Stendhal advirtió a sus predecesores en una novela inconclusa (Lucien Leuwen): "Hay necesidad de muchos soldados para contener a los obreros y a los republicanos". Si Rajoy estuviera rodeado de consejeros lúcidos, jamás se hubiera atrevido a mentar la "mayoría silenciosa". Y si nuestra monarquía parlamentaria quisiera disimular su absolutismo, su majestad (de ustedes) debería desechar su inviolabilidad y encarar las consecuencias de sus deslices haciendo honor al artículo 14 de la Constitución: "Los españoles son iguales ante la ley". Pero en España, un país violentamente enfrentado con el progreso desde antiguo, los mandamases pasan por el tiempo sin que el tiempo pase por ellos. Por eso los maltratados obreros y los hastiados republicanos han dicho basta y, más allá de la bandera con la que cada cual se guarde del frío ideológico, lo innegable es que la ciudadanía posmoderna se ha vuelto irreversiblemente contestataria; la crisis como coartada y la herencia recibida como parapeto no han servido a nuestros gobernantes para evitar la protesta unánime en la calle. Por primera vez en nuestra historia reciente, maestros, alumnos y padres, galenos y pacientes, currantes públicos y privados, sufridores sin "discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", se han puesto de acuerdo para plantar cara al abuso político; para recordar, como hacía recientemente Antonio Estella, que "el sentido original de la palabra democracia significa 'el gobierno del pueblo', no el gobierno por el pueblo, y ni siquiera el gobierno para el pueblo"; para evidenciar que los abstencionistas y los desencantados somos, a día de hoy, mayoría absoluta… y no precisamente silenciosa.

Cerrado por contra-reformas

Pasó el puente de la Constitución y, por vez primera desde que tengo uso de razón política, no se celebró la efeméride con jornada de puertas abiertas en el Congreso. Las semanas previas al cumpleaños de nuestra Carta Magna, los seguratas del Estado habían impedido a porrazos rodear el centro de trabajo de los diputados nacionales pero el día de su aniversario se afanaron en lo contrario: animaban a los viandantes a rodear el palacio, ligeritos. Algún humorista gráfico llegó a dibujar en su perímetro —afilando pincel e ingenio— un cartel que rezaba "Cerrado por contra-reformas", pero lo cierto es que el maltratado hemiciclo no quiso esta vez enseñar sus vergüenzas cotidianas a la ciudadanía; eso, y que tampoco puede echar mano ahora de un campechano anfitrión como Trillo o Bono, que mostraban los lujos congresuales a los españolitos como pagados de su bolsillo y hasta explicaban la democracia como invento propio. A falta de procesión civil, los papeles se han entregado este año a una enconada lucha entre reformistas y conservadores que ya va cansando: comidilla para hoy y hojarasca para mañana, los artículos que demandan una revisión constitucional deberían reclamar, primero, una reforma de los constitucionalistas; mas ni lo uno ni lo otro se darán bajo mandato popular. Ahora que la Constitución va quedando huérfana de padres, son sus madres las que reclaman un lugar en la historia, pero la solución no pasa por ahí: si seguimos mirando al pasado, seremos siempre unos atrasados. España debe ser el único país del mundo en el que, cuanto más antigua es una Constitución, más moderno resulta su articulado: se cumple ahora el bicentenario de 'La Pepa' gaditana y uno envidia los privilegios de nuestros antepasados; doscientos años después, la involución sufrida amenaza con desterrar el concepto de progreso de nuestro léxico.